
Acabar de una vez con la impunidad y la tranquilidad con la que los carteristas roban diariamente en el metro de Barcelona era el reto. Una sola cifra oficial ilustra la magnitud del problema: la semana del 7 al 13 de mayo, 550 ciudadanos denunciaron haber sido robados en el suburbano. Ante este grave y antiguo problema de inseguridad protagonizado por un grupo de delincuentes reincidentes que no supera los 200, los Mossos d'Esquadra presentaron ayer una compleja operación policial, bautizada como T-10, dirigida contra siete de las bandas más activas del metro: 32 mujeres y 3 hombres, todos de nacionalidad bosnia.
De los 35 investigados, 19 fueron arrestados entre el viernes y el domingo, y 18 pasaron ayer a disposición judicial. Cinco ingresaron en prisión por orden de jueces de Barcelona, Badalona y Cerdanyola, acusados, entre otros delitos de asociación ilícita, una decisión sin precedentes. El resto quedaron libres con cargos.
Durante años, las ahora detenidas y el resto de carteristas que operan, no solo en el metro, sino en las zonas de más afluencia turística de la ciudad, habían sido reiteradamente denunciados, detenidos e incluso juzgados casi siempre por faltas de hurto y condenados a multas que pagaban sin rechistar. Una de las 35 identificadas, un ejemplo de la impunidad con que operaban, acumula 185 procedimientos judiciales en diferentes juzgados de Barcelona.
CAMBIO DE ESTRATEGIA
Los nulos resultados que esta política de detenciones, identificaciones y juicios rápidos tenía con los carteristas obligó a cambiar de estrategia. ¿Qué ha hecho el grupo de multirreincidentes de los Mossos de Barcelona? Investigar a las 35 sospechosas de manera minuciosa durante seis meses y aportar a jueces y fiscales pruebas y documentos gráficos --grabaciones del metro-- para que estos dejen de juzgarlas por robar una cartera en el metro un día determinado, y las juzguen por ser delincuentes que se asocian para delinquir y viven exclusivamente del delito.
Los responsables del Área Regional de Investigación (ARI) de los Mossos de Barcelona han releído con detalle el Código Penal y lo han reutilizado de manera novedosa en esta investigación. ¿Cómo? Para empezar, a 30 de las 35 investigadas se las acusa de un delito de asociación ilícita. Los investigadores acreditan en su atestado que 30 de las personas identificadas operan de manera organizada para cometer sus delitos. Lo que no impide que en ocasiones roben en solitario o que se intercambien. Pero lo cierto es que existe una organización y premeditación para actuar.
El Código Penal permite sumar cuatro faltas de hurto (importe sustraido inferior a los 400 euros) y acusar al detenido de un delito de hurto. Eso han hecho los investigadores, y todas, salvo una de las detenidas que quedó en libertad el sábado sin pasar por el juzgado, estén acusadas de varios delitos de hurto.
Y además, y aquí no hay precedentes, los Mossos utilizan el artículo 235 del Código Penal que se refiere a los hurtos que produzcan perjuicios de especial consideración. A los responsables de los Mossos no les costó convencer a los de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para que estos definieran en un informe los perjuicios que la acción diaria de los carteristas producen a su imagen y a sus arcas. De hecho, TMB se personará en la causa como acusación particular.
La investigación, de la que han sido informados tanto la fiscalía de Catalunya como el decanato de los juzgados de Barcelona, ¿servirá para acabar con los rateros en el metro? No definitivamente. Las carteristas bosnias eran las más activas, pero no las únicas. Sí servirá, a juicio de los investigadores, para plantear nuevas estrategias policiales y legales en la lucha contra la multirreincidencia teniendo en cuenta que es uno de los principales problemas de Barcelona. En el 2007, se denunciaron 88.320 hurtos.
Como decía un pletórico mando de los Mossos, si la nueva estrategia funciona en el metro y bajan los casi 400 hurtos semanales actuales, se repetirá la fórmula. Y esta vez será en la calle.
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