El personal de la cárcel exige más seguridad ante las agresiones de los visitantes

El personal de la prisión de Palma ha solicitado a la dirección del centro que se incrementen las medidas de seguridad destinadas al control de las visitas, tras haber detectado durante los últimos meses un aumento de los conflictos que se producen con los familiares y amigos de los reclusos que acuden a la cárcel los fines de semana, según coincidieron en señalar representantes de CCOO y UGT. El problema aparece tras registrarse algunos incidentes, como la agresión a un jefe de servicio de la prisión o los insultos recibidos por el personal que atiende en la cafetería del centro, o incluso las tensiones que se registran entre los propios visitantes.

Desde CCOO se destacó que la agresión al citado jefe de servicio se vio agravada debido que al reclamar la presencia de los agentes de la Guardia Civil destinados en la cárcel, se comprobó que su número era muy inferior al que correspondía, por lo que la respuesta que se dio fue que se llamara a la Policía Nacional. En cualquier caso, desde ese sindicato se reconoció que la Benemérita no tiene competencias ante este tipo de incidentes.

Reparto de competencias

Y precisamente en este último punto radica buena buena parte del problema, según se puso de relieve. El personal de prisiones tiene competencias para actuar sobre los reclusos en el caso de que se produzca un altercado, pero no puede intervenir frente a un visitante. A su vez, se destaca que la función de la Guardia Civil en la cárcel es la de controlar los accesos y vigilar el perímetro para abortar cualquier intento de fuga, pero no la de poner orden en el interior del recinto.

La opción de reclamar la presencia de la Policía Nacional presenta el inconveniente del tiempo de respuesta hasta que el coche patrulla llega al lugar.

Por ello, desde los sindicatos se ha pedido como primera medida el que un agente de la Guardia Civil se coloque en el exterior del centro penitenciario para crear un nuevo control en los accesos, pero desde CCOO y UGT se destaca la necesidad de que se adopten iniciativas similares a las de otros edificios de la Administración central, como los de la Agencia Tributaria, consistente en la contratación de los servicios de una empresa de seguridad privada, cuyo personal será el responsable de controlar la actividad de los visitantes dentro del recinto.